Un Juez federal de Chubut ordenó al Estado Nacional que se abstenga de eliminar el subsidio al transporte
El Juez Hugo Sastre le dio la razón a la medida autosatisfactiva presentada por el Gobernador Torres y ordena que el Poder Ejecutivo Nacional "se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior, tendiente a financiar el sistema interurbano de transporte"
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, resolvió hacer lugar a la medida autosatisfactiva planteada por el Gobernador Torres días atrás y dispuso que el Estado Nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.
En los considerandos del fallo, el juez federal, Hugo Ricardo Sastre, advirtió que “la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura –como lo es la súbita quita de subsidios”.
El magistrado destaca que "sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional”.
El magistrado añadió que ”el articulo 28, CN, al prescribir que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, consagra el principio de la razonabilidad o justicia como regla sustancial del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, aun cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende también a las leyes en sentido material y a los actos administrativos…así ha podido señalarse que tanto el Congreso como el presidente de la república, tanto los funcionarios administrativos como los jueces, están constitucionalmente obligados a cumplir sus conductas mediante actos razonables, que resistan una estimativa axiológica y capaces de ser compartidos por el hombre común”.