El juez Alejandro Rosales, resolvió elevar a juicio oral y público una causa contra un sujeto de ochenta y tres años, acusado por la fiscalía como presunto autor del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo. Asimismo ordenó a la Oficina Judicial que designe al magistrado que estará a cargo de las audiencias de debate.  

El acto judicial se desarrolló en la sala de audiencias de la oficina judicial. Por el Ministerio Público Fiscal, asistió la fiscal general Rita Barrionuevo. El imputado, recibió el asesoramiento legal del abogado particular Daniel López. También participó el abogado Tomás Malerba en representación de la Asesoría de Menores e Incapaces.

En la ocasión, la fiscal Rita Barrionuevo, relató el contenido de la pieza de acusación pública. En este sentido, indicó que los dos hechos de abuso se registraron durante marzo de 2020 y abril de 2021, en el domicilio del imputado.

Luego, indicó que la calificación legal provisoria que la fiscalía propone para este caso, es la de abuso sexual simple, agravado por el vínculo, en menor de 13 años, al menos dos hechos en concurso real, en calidad de autor y en el contexto de la ley de protección integral de la mujer.

Por otra parte, la investigadora detalló la prueba instrumental y documental que presentará en el juicio

A su turno, el asesor legal del acusado, se opuso a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal. En este contexto, consideró que la pieza acusatoría carecía de fundamentos básicos, en función de la falta de precision respecto a los tiempos en los que habrían ocurrido los hechos. En consecuencia, López, solicitó el sobreseimiento del imputado por carencia probatoria.

Por su parte, la fiscal Barrionuevo, se opuso al pedido del abogado defensor. Luego de analizar la situación, Rosales, resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento peticionado por parte de la defense del acusado.

Asimismo, decidió dictar el auto de apertura a juicio oral y declarar admisible la totalidad de las pruebas ofrecidas por la parte acusadora.     

¿Por qué los chicos tardan en contar que están siendo abusados?

La guía elaborada por UNICEF para tomar acciones y proteger a los niños y niñas del abuso sexual infantil, refiere una serie de motivos que garantizan el “secreto”:

El niño y su familia reciben amenazas de daño físico o de muerte.

Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos puedan ocasionar en el agresor y su familia.

Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron.

Evitan ser estigmatizados y rechazados.

Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento.

Muchas veces, al padecimiento sufrido se suma otro: carecen de interlocutores válidos dispuesto a creer en sus palabras.

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización. Dependen de los docentes, psicólogos, médicos, policías y operadores del sistema de protección integral y operadores judiciales, que deben estar capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al trauma que atraviesan.

Educación sexual integral como modo de prevención y protección

Hablar de conocimiento y cuidado del propio cuerpo, formar a los niños y adolescentes en sexualidad, ofrece un marco de referencia, claridad, mayor confianza en sí mismos, conocimiento de sus derechos y, entre otros aspectos, los habilita a hablar con mayor naturalidad de lo natural y también a identificar sin dudas y denunciar lo que no lo es.

La denuncia 

Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado.

Qué hacer

Romper el secreto. Al tomar conocimiento de una situación de abuso es importante resguardar la seguridad físico-psíquica de la víctima. El modo de hacerlo es aportando inmediatamente esa información a la justicia, para que se activen los protocolos de abordaje.

 El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D) cuenta con profesionales especializados en la temática que acompañarán en el proceso al niño o niña y los adultos de referencia. En Sarmiento, las oficinas del S.A.V.D, están ubicadas sobre la calle 28 de julio n°430. El teléfono de contacto es (0297) 4898327.