Se trata de la causa que tiene como protagonistas en calidad de denunciante al empresario Cristóbal López y como imputados al abogado del fuero local y Presidente del Colegio de Abogados José María Venancio, al empresario Silvano Simeoni y a la Jueza Civil de Esquel Alicia Arbilla. Esta situación también derivó en una denuncia contra la magistrada en el Consejo de la Magistratura.

López entiende que ha sido víctima de una estafa en la que involucra al Presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Esquel, José María Venancio y reprocha la actuación de la Jueza Civil y Laboral, Alicia Arbilla. Así lo planteó en la denuncia radicada en la Fiscalía de Esquel.

En la audiencia, fijada para el mes de marzo, se comunicará el hecho que se investiga a las personas involucradas, dándoles la posibilidad de comenzar a ejercer formalmente el derecho a defensa. Del mismo modo otorga la posibilidad a la parte damnificada a constituirse como querellante autónomo y realizar las presentaciones que considere pertinentes en el proceso penal.

A partir de este acto formal, la Fiscalía avanzará con la producción de la prueba que requiera la investigación así como la ofrecida por la defensa. Una vez que se cuente con todos esos elementos evaluará si se presenta la acusación pública o corresponde solicitar al juez el sobreseimiento de alguno o de todos los imputados.

En la primera audiencia se tratará también el pedido de los denunciantes para constituirse como querellantes.

El jueves pasado se realiza una audiencia vinculada con la causa donde se discutió la validez de algunas pruebas como los teléfonos celulares. La misma fue presidida por el Juez de la causa, el Doctor Rolón.

Qué se investiga

Hay tres expedientes laborales, donde el abogado imputado era el letrado representante del trabajador que demandaba al establecimiento Santa Elena SA, un frigorífico que se encontraba en funcionamiento en Gobernador Costa. Se embargaron bienes que no pertenecían a esa sociedad y que tenían un valor muy superior a las deudas de esta sociedad con los demandantes. Ese bien fue subastado y adquirido por el coimputado por un valor muy bajo y luego vendido por él a un valor cercano al de mercado.

A la jueza se le reprocha que, puesta en conocimiento de la existencia de situaciones irregulares por el abogado del denunciante, no formuló la denuncia siendo funcionaria pública. Por ello se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes.

La Fiscal Bottini entiende que no es necesario que se declare como una causa compleja, por lo que regirán los plazos procesales de seis meses para avanzar con la investigación.

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