El fiscal general Osvaldo Heiber, argumentando la obligación de "objetividad" que impone el Código Procesal al trabajo de los fiscales, reconoció que durante la investigación no fueron suficientes las pruebas en contra de Cristian Eguillor y pidió su sobreseimiento en una causa de incumplimiento de los deberes de funcionarios público. La postura fue reconocida como un gesto positivo por parte del abogado defensor y el juez Marcelo Nieto Di Biase convalido la postura del acusador.

Eguillor estaba involucrado desde hace casi un año en una investigación penal por haber sido garante en un contrato de alquiler de un departamento donde vivía una de las imputadas en la causa "Embrujo". Se trata de Daniela Souza, apoderada de la empresa Dual Cuore que había sido contratada en cuatro oportunidades por el Instituto de Asistencia Social, cuando Eguillor era su presidente. También el GIRSU, del que Eguillor era gerente, había contratado los servicios de esa empresa de eventos.

El instituto que presidía Eguillor contrató a esa empresa para el alquiler de carpas a fin de realizar promociones en Gualjaina, El Hoyo, Trevelin y Cholila. Por cada evento se pagaron 42.000 pesos. En otro caso que se investigaba, también se consideró que Eguillor cometió el mismo delito al abonar 195.5145 pesos en dos pagos a la empresa Dual Cuore, pero para Heibe "fue un trabajo profesional el que realizó en carácter de contador, al firmar los balances de esa empresa".

Inicio de la investigación

La investigación fue iniciada en representación del Ministerio Público Fiscal, por Alejandro Franco y Fabián Papaiani. En su seguimiento, el fiscal general Osvaldo Heiber constató datos que indican que entre el momento de convertirse Eguillor en garante del departamento alquilado por Souza (mayo del 2016) y los contratos firmados entre el Instituto que presidía y Dual Cuore (noviembre del 2014), había pasado un año y medio.

"En honor al deber de objetividad que guía el trabajo del Ministerio Público Fiscal, debemos reconocer que las pruebas no son suficientes para seguir adelante con la acusación", indicó Heiber. Sin embargo agregó "las operaciones realizadas tienen olor a ser incompatibles con las responsabilidades de Eguillor, pero esto es solo una apreciación no tenemos las pruebas suficientes".

Indicó que del testimonio tomado al propietario de la inmobiliaria "Tony Zorrilla Propiedades" surge que "para la garantía primero acercaron a su inmobiliaria el recibo de sueldo de Diego Correa (considerado el jefe de la asociación ilícita que se investiga en las causa Embrujo y Revelación). Pero el monto del sueldo no alcanzaba. Por eso luego se utilizó de garantía el sueldo de Eguillor, que sí resultó suficiente para el alquiler".

Defensor y juez

El abogado defensor Federico Ruffa se mostró de acuerdo con el sobreseimiento de su cliente destacando que desde un principio de la investigación, planteó la inocencia de Eguillor a pesar de no haberse opuesto a la apertura de la investigación que plantearon Franco y Papaiani.

El juez Nieto Di Biase avaló las posturas coincidentes de las partes, pero destacó que la "desvinculación de las fechas se supo inmediatamente, por lo que el pedido de sobreseimiento pudo haberse pedido antes por parte del Ministerio Público Fiscal. Pasaron cuatro audiencias. Qué hubiese pasado si yo mandaba el caso a juicio oral?", se preguntó el juez encargado de garantizar la legalidad del proceso.

Fuente: Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut.