De visita por la cordillera, el Ministro de Gobierno se refirió a la causa que inició en febrero pasado, mientras era ministro de seguridad, por una presunta compra irregular de cámaras obsoletas para equipar los centros de monitoreo de la provincia durante la gestión de Pablo Durán como ministro de gobierno.

Massoni mencionó en Esquel una comunicación con el Procurador General (Jorge Miquelarena) y mencionó que "se iban a conocer novedades muy pronto".

En diálogo con FM SOL, el procurador Miquelarena confirmó que la investigación sigue su curso a través de una pericia que debe analizar la deficiencia del sistema a nivel provincial.

"Las cámaras son de sumo interés para toda la comunidad porque además de ser un elemento disuasivo constituyen un elemento de prueba" explicó el procurador.

Pero también señaló que existen limitaciones que están demorando la pericia. "Hemos encomendado un relevamiento integral de todas las cámaras de la provincia. Hasta el momento se terminó Rawson y están en proceso el resto de las ciudades. La situación es que hay que revisar cada una de las colocaciones de las cámaras".

Los inconvenientes que se presentan son por un lado de escasez de personal de la Policía Científica, pero también técnicos, debido a que algunas cámaras están ubicadas en lugares de difícil acceso, según comentó el procurador.

Al respecto, comentó que se pedirá colaboración a las cooperativas para que pongan a disposición las grúas que permitirán acceder a algunas cámaras. "Hay algunas que no funcionan y los motivos pueden deberse a una mala colocación. Están en ello los peritos que auxilian al Ministerio Público Fiscal (MPF), pero se trata de un trabajo arduo. Para nosotros es importante el resultado de la pericia que nos informará el grado de deficiencia del sistema".

Con respecto al personal abocado a la pericia, comentó que su situación aún debe resolverse debido a que se trata de personal altamente calificado que debería ser reconocido como auxiliar de justicia. "Tendrían que pasar directamente al staff del MPF pero hoy representa un costo muy importante que no se puede afrontar en este momento".

Más adelante se refirió a la denuncia "Una cosa es un mal negocio o una mala contratación y otra cosa es un delito, en donde ya tenemos que estar conversando sobre la intencionalidad o el dolo".