El próximo 30 de julio se realizará la audiencia en Rawson por el caso de abuso sexual agravado conocido como "La Manada" que tuvo gran repercusión pública por la definición de acordar la pena en el marco de un juicio abreviado.

El Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena explicó que se trata del análisis de la impugnación del fiscal Fernando Rivarola y los defensores a la postura del Juez De Biase y remarcó que esperan con gran expectativa la resolución.

La Cámara Penal de Trelew, conformada por los magistrados Alejandro De Franco, Roberto Barrios y Daniel Pintos, tendrá que resolver si rechaza el acuerdo de partes que cuenta con la aprobación de la víctima del terrible hecho y fue propiciado por ella.

Miquelarena expresó en la entrevista brindada en NOTAS DE RADIO que sigue el proceso "en primer lugar con preocupación por la víctima y los familiares que han sido tremendamente revictimizados e injustamente a mi criterio, en segundo lugar por los propios intereses del MPF que están convencidos de las bondades de este acuerdo para con la víctima, que en definitiva es nuestra representada".

En este sentido, explicó que todo el proceso y la postura de la afectada está registrado en video "Hay una instrucción general de la Procuración que precisamente dice que a la hora de que el fiscal tenga que explicarle a la víctima cuáles son los alcances de salidas alternativas o juicios abreviados y demás, esa charla tiene que estar videograbada precisamente para evitar, para que quede en claro y se sepa, qué fue lo que explicó el fiscal, lo que dijo la víctima, cómo se interpretó, etc".

"Además agregó que en la propia audiencia, donde estuvo presente De Biase, la víctima explicó y luego lo hizo su psicóloga de confianza —una persona que la atiende hace cinco años—, claramente cómo se trabajó este acuerdo de juicio abreviado y qué explicaciones hizo el fiscal. Así que eso está fuera de toda discusión".

Cabe recordar que De Biase había rechazado la alternativa de un "juicio abreviado" para tres de los seis acusados del delito tras aceptar su responsabilidad recibirían una pena de tres años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva y una reparación económica para la víctima.

En ese sentido, el magistrado cuestionó esa reparación económica, aunque todas las partes involucradas estaban de acuerdo.