Se inició el juicio oral y público por la causa de la venta ilegal de alimentos para perros de una firma de la ciudad autónoma de Buenos Aires que habían sido donados para paliar parte de los efectos de una graves situación de emergencia climática que sufrió Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017.

Los imputados son Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Juan Carlos Gómez y Micaela Cordero. Los tres primeros ocupaban cargos en el Ministerio de la Familia del Chubut, mientras que Cordero dirigía el Sindicato de Amas de Casa de la ciudad de Rawson.

El tribunal de juzgamiento está integrado por Mónica García de circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, Martín O'Connor por la de Esquel y César Zaratiegui por Trelew. La primera de las mencionadas preside las audiencias.

El fiscal a cargo de la acusación y de la investigación, es el fiscal general de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz. El abogado Javier Romero defiende a Huichaqueo, Pablo Sánchez a Gómez y el defensor oficial Miguel Moyano a Marcelo Suárez.

Los hechos

La causa es un remanente de otras vinculadas con corrupción en administración pública provincial durante la emergencia climática que atravesó Comodoro Rivadavia entre fines de marzo y principios de abril del 2017. La empresa Royal Canin había donado casi 500 bolsas de alimento para perros a través de la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre marzo y agosto de ese año el alimento fue vendido de manera clandestina y fraccionado. Estaba en un depósito del Ministerio de la Familia, al costado de la doble trocha entre el casco céntrico de Rawson y Playa Unión. Solo unas pocas bolsas fueron donadas a organizaciones protectoras de animales. Huichaqueo era Ministro de la Familia y Suárez Subsecretario de ese Ministerio.

Al describir los hechos, para Iturrioz las responsabilidades principales están en cabeza de Gómez y Huichaqueo, mientras las responsabilidades de Suárez y Cordero son secundarias en cuanto a la valoración de la energía criminal plasmada en los hechos.

El delito

El peculado trata del delito de apropiación indebida de dinero o bienes pertenecientes al Estado por parte de personas encargadas de su control y custodia. En el Código Penal de la Argentina, el artículo 261 indica que será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta y perpetua a funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

La situación de Cordero

Con acuerdo del representante del Ministerio Público Fiscal y la Defensa oficial, la imputada Cordero se acogió a la suspensión del juicio a prueba, por el tipo de delito que pesa en su contra, que no posee antecedentes delictivos además de padecer enfermedades neurológicas que fueron enumeradas en el marco de la descripción en su historia clínica por parte de su defensor, Omar López.

Contra la mujer pesaba el delito de falsedad ideológica en carácter de partícipe necesario. La suspensión del juicio a prueba regirá por dos años y además deberá realizar 40 horas de trabajo comunitario y una reparación económica de mil pesos. Para el fiscal Iturrioz, la maniobra ilegal en la que estuvo involucrada Cordero, estuvo motivada en un pedido que le realizó otro de los imputados, Marcelo Suárez. Lo pautado entre las partes fue homologado por los miembros del Tribunal de enjuiciamiento.

En carácter de querellantes se hicieron presentes los abogados Rodrigo Miquelarena representando a la Fiscalía de Estado, y Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción. Ambos estuvieron de acuerdo en la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en favor de Cordero.