Con el cierre este jueves de la audiencia de cesura de pena en la oficina judicial de Rawson queda todo dispuesto para que los jueces Alejandro Soñis, Marcela Perez y Risardo Rolón tomen la definición sobre el monto de la pena a aplicar.

Los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) Alex Williams y Omar Rodríguez solicitaron para Diego Correa una pena de 12 años prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además pidieron el decomiso de todos los bienes incautados. Esto implica la  casa de Playa Unión valuada en 8 millones, los Duplex en playa Unión valuados 2,5 millones, dos lotes en la ciudad de Rawson cada uno 250 mil pesos, La Chacra de Trelew valuada en 2,8 millones y el lote en la cordillera 1,6 millones, además una multa de 22 millones equivalente a los bienes adquiridos por la banda en forma ilegal.

Gabalachis, defensor de Diego Correa, no estuvo de acuerdo con el pedido de los fiscales, y expresó que lo correcto sería un tope de 8 años para su defendido, "no han sido demostrados los agravantes. Consideró apropiado una pena de cinco años conforme el mínimo punitivo" agregó.

El secretario Diego Luters fue hallado culpable de ser miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. Los fiscales solicitaron una pena de 5 años y seis meses, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 750 mil pesos.

El contador de Trelew Federico Gatica fue hallado culpable del delito de lavado de activos. Los fiscales solicitaron una pena de 4 años y tres meses, más una multa 5 millones de pesos.

Natalia Mc Leod, pareja de Correa al momento de los ilícitos investigados fue hallada culpable del delito de enriquecimiento ilícito y fue absuelta del delito de miembro de la asociación ilícita. Los fiscales solicitaron un pena de cuatro años, más una multa de 525 mil pesos, también la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Gabalachis, defensor de Natalia Mc Leod alegó que el enriquecimiento fue de Correa y no de Mc Leod. Y solicito dos años de prisión para su defendida.

Por su parte su amiga, Daniela Souza, fue hallada culpable del delito de ser miembro de la Asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, además de enriquecimiento ilícito. Los fiscales solicitaron la pena de cinco años, teniendo en cuenta su participación activa. Su defensor Damian Dantonio planteó una situación de violencia de género que afecta a Daniela Souza por su condición de mujer, y solicitó una pena de tres años.

Sandro Figueroa fue imputado del delito de miembro de la asociación ilícita y fue absuelto de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los fiscales pidieron una pena de cuatro años de prisión, más las costas del proceso. Su defensor Gabalachis ofreció el mínimo.

El maestro mayor de obras Juan Ramón, fue hallado culpable de ser miembro de la asociación ilícita además de defraudación fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los fiscales solicitaron una pena de cuatro años y medio, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensor Omar López alego que "Ramón no tiene un peso en su cuenta" y consideró que tres años sería lo justo.

Al maestro mayor de obras de Rawson Jorge Godoy se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario. Los fiscales pidieron una pena de tres años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Rubén Reinoso fue hallado culpable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, al igual que Cristian Gisande. Este último fue absuelto del delito de usurpación de autoridad. Los fiscales solicitaron para ambos la pena de dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Así concluyó la extensa audiencia de cesura de pena y sus réplicas demandaron varias horas de audiencia en la Oficina Judicial de Rawson. La disposición del lugar fue correcta y una vez más se pudo apreciar el esfuerzo de los integrantes de esa oficina, el posibilitó la normal realización de todas las audiencias que han generada marcada expectativa, luego de casi dos meses de debate.

Los querellantes adhirieron en todos los casos al pedido del Ministerio Publico Fiscal, solo iniciativa ciudadana representada por el Dr. Hualpa pidió para el caso de Federico Gatica una multa de 10 millones de pesos.