El fiscal Ezequiel Forti, llevó a juicio a un vecino de Tecka, Luis Alberto Ardanz, y logró que sea condenado por violación de sellos, resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas y desobediencia.

La juez Fernanda Révori, le impuso una pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta, costas del proceso y decomiso del vehículo.

El 19 de mayo de 2019 entre las 3:00 y las 3:30 hs, Luis Alberto Ardanz ingresó a la ciudad de Esquel por la ruta 259 y atravesó la portada.

Fue identificado por el personal del puesto policial, se le pidió documentación del vehículo en el que circulaba, un Peugeot 206 y se le labró una infracción por no contar con cédula verde y tener el seguro vencido. Él firmó el acta sin objeciones, pero cuando se le manifestó que el vehículo sería retenido y que debía dejarlo en el playón y entregar las llaves, Ardans pidió que no se lo secuestre. Ante la negativa de la funcionaria policial, se mostró molesto, se negó a entregar las llaves y comenzó a insultarlos.

El coche quedó secuestrado con los precintos colocados. El imputado no entregó las llaves y se fue del lugar en un vehículo que sería conducido por su hijo.

Aproximadamente a las 7:30 hs., Ardanz según acusó la Fiscalía y encontró probado la juez pese a la negativa de la defensa, violentó los precintos de seguridad puestos en el vehículo y se dio a la fuga haciendo caso omiso a la intervención de personal policial que le hizo señas de que se detenga, arremetiendo contra la cabo, causándole lesiones.

La defensa cuestionó que nadie logró identificar a la persona que realizó estas conductas porque lo vieron de espalda y no aparece definida su imagen en la cámara de seguridad.

Una hora después, a las 8:40 hs, Ardans (ahora sí visto y reconocido al mando del rodado) ingresó a bordo del vehículo a Tecka, evadiendo el control policial apostado en Ruta 40, que le hizo señas de que se detenga.

Tomó por Av. San Martín y se dirigió a su domicilio. Allí fueron hallados, él y su vehículo, aproximadamente a las 14 hs. cuando se diligenció el registro domiciliario, secuestro del vehículo y detención del imputado.

Esas conductas fueron calificadas como violación de sellos en concurso real con resistencia de la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser causadas a un miembro de la fuerza policial y en concurso real con desobediencia.

La definición de la Jueza Revori

La juez entendió que los hechos son de considerable gravedad “pues se han manifestado como una persistente voluntad del acusado de infringir las mínimas normas de convivencia ciudadana, desafiando a la autoridad y desoyendo sus mandatos mediante el empleo de medios violentos a saber: agresión verbal a los inspectores de tránsito y utilización de un vehículo automotor para amedrentar y resistir la intervención de personal policial en legítimo uso de sus facultades, poniendo en grave riesgo con las maniobras peligrosos llevadas a cabo, la vida y la integridad física no solo de quienes desempeñaban funciones de control en las calles y rutas, sino también eventuales transeúntes”. Tomó como agravante también que se afectaran varios bienes jurídicos protegidos con el accionar desplegado. Como atenuante se ponderó la falta de antecedentes penales.

A la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas del proceso, la juez le impuso reglas de conducta. Forti había solicitado la imposición de una pena de prisión efectiva de tres años y medio. En tanto que el defensor Marcos Ponce planteo la duda razonable respecto de la autoría y solicitó la absolución.

Révori entendió que en este caso, por ser un infractor primario a la ley penal y por la escala penal de los delitos por los que fue declarado responsable, los fines de la pena pueden ser logrados mediante la imposición de las pautas de conducta previstas por la ley. Se le impuso fijar domicilio, someterse al control del patronato de liberados, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, realizar 50 horas de trabajos no remunerados en favor del Estado o de alguna institución de bien público.