La pena impuesta a Oscar "Chito" Alarcón por el cobro doble de sueldos del Estado, podría ser re discutida si el Superior Tribunal de Justicia hace lugar a un pedido de la defensa a partir de la aparición de una nueva prueba.

El abogado defensor Fabián Gabalachis señaló en NOTAS DE RADIO que tienen la información que en el municipio de Trevelin está la constancia que la provincia comunicó cuando Alarcón asumió como Director de Ceremonial de la Gobernación inclusive a costo de esta dependencia.

"Apareció en la Municipalidad de Trevelin un registro donde ponían en conocimiento que el Señor Alarcón iba a estar en la Dirección de Ceremonial y que los salarios iban a ser percibidos en relación a provincia" explicó Gabalachis.

Luego agregó "Tomamos conocimiento de una prueba que no había sido discutida en el juicio. El Ministerio Público Fiscal no la había ofrecido y nosotros tampoco la conocíamos y el código autoriza que una sentencia puede ser revisada cuando aparece una circunstancia probatoria nueva que no era de conocimiento de las partes".

Al momento de precisar en qué consiste la prueba señaló que "Apareció en la Municipalidad de Trevelin una documentación donde ponían en conocimiento a la municipalidad que el Sr. Alarcón iba a ser adscripto a la dirección de protocolo y que los salarios iban a ser abonados desde ese lugar. Esto cambia el sentido del fallo".

De esta manera lo siguiente sería realizar una audiencia en el Superior Tribunal de Justicia para analizar esta prueba.

Si bien el doble cobro estaría certificado, lo que la defensa pretende demostrar es que Alarcón no tuvo voluntad de burlar la información para hacerse del dinero.

Lo que están pidiendo al Superior Tribunal de Justicia ahora es que se realice una audiencia para discutir el valor de esta prueba que entienden podría modificar la pena impuesta.

Alarcón tiene dos causas más en marcha: en uno de ellos tiene una condena por enriquecimiento ilícito que aún no está firme y esperan discutirlo en la Corte Suprema de Justicia y el otro caso está en trámite y está relacionado con la causa de Lotería de la provincia con la contratación de la empresa Sono eventos ligada a un ex funcionario de la gestión provincial de entonces.

"Chito" Alarcón ¿Vuelven a discutir la condena por el cobro doble de sueldos?

La causa del doble sueldo

Alarcón, que era empleado de planta permanente de la Municipalidad de Trevelin desde el año 1996, fue nombrado Director General de la Provincia, el 10 de diciembre de 2015. El juez tuvo por probado que el acusado no puso en conocimiento del Municipio la incompatibilidad que estaba obligado a informar de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ética Pública, la Constitución Provincial y el Estatuto del empleado provincial. Esa omisión llevó a que comenzara a percibir los dos sueldos, uno por la función provincial y otro por el empleo municipal. Situación que se extendió desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 1 de marzo de 2018. Recién entonces, solicitó licencia política.

Para los jueces se configuró el delito de estafa, agravada por ser en perjuicio de la administración pública.

El tribunal entendió que de ese modo llevó a error a la "Municipalidad de Trevelin al no tener ella un cuadro completo de la situación de revista del acusado. La actitud omisiva persistente (pese a su clara obligación en contrario) también permitió que la Administración Pública Municipal continuara en el error y la doble percepción salarial se extendiera hasta el 1 de marzo de 2018, esto es, por espacio de más de 2 años y 3 meses", indicó.

La defensa cuestionó la existencia de perjuicio real para el municipio, porque se llegó a un acuerdo entre las partes por el que Alarcón devuelve en cuotas los salarios mal cobrados. Sin embargo el juez entendió que el perjuicio ocasionado al municipio se produjo al momento de no poder disponer de los fondos. La cifra asciende a $ 885.477,77, esto es el haber más los aportes y contribuciones. Más allá de estar devolviendo el dinero mal cobrado, el faltante de fondos que afrontó la Municipalidad configura el perjuicio exigido por la figura típica, especificó O' Connor.

"Asimismo, y además del fraude comprobado, la omisión tenida por probada configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en su modalidad omisiva", concluyó.