Luego de varias postergaciones, finalmente se concretó en los tribunales de Trelew la audiencia de control de detención de los cuatro imputados por asociación ilícita y robo de ganado en Paso de Indios. La jornada estuvo presidida por el juez Marcos Nápoli, quien reemplazó al magistrado natural del caso, Gustavo Castro, ausente por razones de salud. 

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Mariana Millapi y el funcionario Rubén Kholer, presentó una extensa imputación contra Elena Amigoren, Juan José Tolosa (padre) alias “chique”, Juan José Tolosa (hijo) alias “kini” y Luciano Bautista Tolosa alias “el gordo mandinga”. Se los acusa de integrar una organización dedicada al abigeato y otros delitos conexos, en perjuicio de varios ganaderos de la zona.

Según la investigación fiscal, los hechos se habrían producido entre julio de 2021 y abril de 2025. La jefa de la banda sería Amigoren, quien coordinaba las acciones delictivas, desde tareas de inteligencia hasta la distribución del dinero proveniente de la faena y venta ilegal de animales. Era ayudada por su esposo Juan José Tolosa padre. La estructura contaba con funciones bien delimitadas, incluyendo vigilancia de campos, colocación de trampas, amenazas a trabajadores rurales, y la sustracción de ovinos en distintos establecimientos.

Juan José Tolosa alias “kini” y Luciano Bautista Tolosa alias “gordo mandinga” eran los encargados de ejecutar las órdenes que consistían en ingresar a los campos clandestinamente y sustraer el ganado ovino por diferentes estancias, algunas abandonadas, hasta llevar los mismos hacia la estancia “Los Dos Hermanos”. También utilizaban vehículos particulares para distribuir la carne en el mercado ilegal, muchas veces con apoyo de allegados para eludir controles policiales.

Prisión preventiva para los cuatro acusados de abigeato en Paso de Indios

Para tal fin, los integrantes de la familia Tolosa, amenazaban a propietarios o arrendatarios de los campos a fin que abandonen los mismos con el objetivo de esconder ganado sustraído, trabajar tranquilos y quedarse con la posesión ilegal de las tierras. Los trabajadores de las estancias eran amenazados y golpeados con el fin que no denuncien y en el mismo orden realizaban tareas de inteligencia contra el personal policial de la jurisdicción de manera de conocer los movimientos de los mismos y estar alertados respecto de posibles medidas judiciales. 

Calificaciones y solicitudes

Surge de todo esto que las calificaciones jurídicas por parte del Ministerio Público Fiscal implican para Elena Amigoren el delito de asociación ilícita agravada por la condición de jefa, todo ello en concurso real con un hecho de abigeato agravado, dos hechos de encubrimiento agravado, daño y dos hechos de amenazas, un hecho de encubrimiento agravado, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil compartida y un hecho de amenaza simple. A Juan José Tolosa se lo imputa como miembro de asociación ilícita todo ello en concurso real con un hecho de abigeato agravado, dos hechos de encubrimiento agravado, un hecho de encubrimiento agravado en perjuicio de otra víctima, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil compartida y un hecho de amenaza simple. Para Luciano Bautista Tolosa, miembro de asociación ilícita todo ello en concurso real con un hecho de abigeato agravado y un hecho de amenaza simple. En tanto, para Juan José Tolosa se lo imputa por miembro de asociación ilícita todo ello en concurso real con un hecho de abigeato agravado. A todo esto se argumentó sobre los peligros procesales existentes, enfatizando en el peligro de fuga y el entorpecimiento. Se destacó que las penas podrían alcanzar entre los cuatro y veinticinco años y se tuvo en cuenta la condena existente en los integrantes de la familia Tolosa que en 2023 fueron procesados por un ataque a la comisaría de Paso de Indios.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva de los acusados, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. La defensa, por su parte, cuestionó la hipótesis fiscal e incluso insinuó que algunos animales podrían haber sido plantados por la propia policía, en el marco de un conflicto previo con la familia Tolosa. Aun así, el juez Nápoli resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, ordenando la apertura formal de la investigación y la prisión preventiva por un plazo de seis meses para los cuatro imputados.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Chubut