A primera hora de este jueves, las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales comenzaron el traslado hacia el Parque Nacional Los Alerces, para dar cumplimiento a la orden de desalojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, ocupada desde diciembre de 2020 por la comunidad mapuche Paillako.  

El mandatario explicó que "lo primero que hay que separar es lo que son las comunidades aborígenes que están hace muchísimos años y conviven en armonía, de la Resistencia Ancestral Mapuche, integrada por delincuentes que se autoperciben originarios para tomar un parque nacional, como en este caso, o un montón de tierras de propiedad privada de gente de nuestra provincia que se ha esforzado muchísimo para tener su campo".

El operativo "se dio después de mucho tiempo de un proceso judicial que debería haber sido corto y rápido, pero que lamentablemente, por la cobardía de un sector garantista de un sector de la Justicia Federal, demoró años", apuntó el Gobernador, señalando que "el desalojo no es ni más ni menos que cumplir con lo que dice la ley".

Diálogo entre las partes

Por otra parte, Torres señaló que el procedimiento "se dio de la mejor manera posible, hubo diálogo previo y el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y las federales fue excelente; se habló con las partes, se logró que se retiraran sin inconvenientes", sumando a ello que "a través del diálogo se pudo concretar el operativo pacíficamente".

"Antes se relativizaba el tema, se decía que esto no era una cuestión legal sino 'un problema de hábitat', y había un gobierno y un sector de la Justicia que avalaba las tomas calificándolas como una consecuencia del déficit habitacional de las comunidades", remarcó el titular del Ejecutivo provincial.

Además, recordó que durante la anterior gestión nacional, "cuando denunciamos una toma, no solo nos denunciaron distintas ONG que avalan a estas personas, sino que nos dijeron que 'no había delito', y muchas de las ocupaciones eran por parte de personas que vivían en Buenos Aires y nada tenían de originarias, sino que habían venido a hacerse de tierras".

Hacer "más justa a la Justicia"

En otro orden, Torres indicó que "a nivel normativo, en Chubut tuvimos que modificar el Código Procesal para que, cuando haya una ocupación y se corrobore que hay un dueño de esa propiedad, se desocupe el terreno en 24 horas", puntualizando que "antes se iniciaba un proceso judicial y podían pasar hasta 5 o 10 años donde el legítimo propietario de la tierra tenía que esperar ese tiempo hasta que tal vez le devolvieran la tierra".

"Este tipo de procedimientos hacen más justa a la Justicia", sostuvo el Gobernador, advirtiendo que "ha habido una connivencia política durante mucho tiempo y eso hoy se terminó".

La situación de Cruz Cárdenas

En referencia a Cruz Cárdenas, figura central de la ocupación en el Parque Nacional Los Alerces, Torres recordó que "era brigadista, luego se autopercibió como originario, pero lo cierto es que hay concretar de una vez el registro de comunidades, ya que hay abogados especializados en estirar los tiempos" y explicó que "hay una cuestión de soberanía, porque muchas de estas ocupaciones y estafas se hicieron en virtud de no reconocer al Estado Nacional como tal".

Sobre esto último, el mandatario detalló que "muchos de los que usurparon cobraban una Asignación Familiar o algún tipo de beneficio del Estado argentino; es decir que, por un lado no reconocían al Estado Nacional, y por el otro recibían beneficios por parte del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior".

"Hoy estamos trabajando bien con las comunidades originarias, las cuales fueron convocadas recientemente para resistir este desalojo, y lo cierto es que de sus integrantes no vino nadie", resaltó.