El gobierno de la provincia de Chubut trabaja en la redacción del proyecto de ley de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), para que ingrese la semana próxima a la Cámara de Diputados, previo a la sesión del jueves 15 de agosto.

Según adelantó ADNSUR, la redacción será de adhesión plena a los artículos que establecen una serie de incentivos tributarios y garantías legales, pero con una salvedad del capítulo minero. Esto quiere decir que el nuevo sistema que va a empezar a regir no alcanzará a la Ley 5001 que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto con uso de cianuro.

De esta manera, el gobierno provincial deja de lado la posibilidad de la habilitación de la actividad minera en la meseta central, al entender que ese tipo de emprendimiento carece de licencia social en Chubut, tal como quedó evidenciado luego de la sanción de la Ley de Zonificación en diciembre de 2021.

La Ley de Bases, que con el RIGI busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares, busca dar garantías de seguridad jurídica a los inversores y deja la definición de toda discusión jurídica en manos de tribunales internacionales.

De ahí las dudas generadas en torno a la cuestión minera, que serán aclaradas en el texto del proyecto, según publicó el medio de Chubut. 

Qué es el RIGI, el régimen de la Ley Bases con el que el Gobierno espera atraer inversiones

Uno de los capítulos más importantes del proyecto de Ley Bases, aprobado por Diputados, es el que crea el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, también conocido como RIGI, que impulsa la administración de Javier Milei para traer dólares frescos a la Argentina. En términos generales, esta iniciativa presenta beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para fomentar la llegada de desembolsos al país.

Un primer punto para entender el funcionamiento del RIGI es delimitar qué inversiones pueden ingresar en este sistema de beneficios. Según el texto aprobado en Diputados, se considera “grandes inversiones” a aquellas que aseguren un monto mínimo de US$200 millones. Esta cifra puede ser incluso superior en caso de que el Poder Ejecutivo, luego de analizar el proyecto, pretenda elevarlo, pero en ninguna ocasión deberá superar los US$900 millones, de acuerdo a lo informado por La Nación.