Las cámaras empresarias nucleadas en la Federación Empresaria del Chubut (FECh) elevarán un anteproyecto de ley propio para que tome ingreso parlamentario en la Legislatura para el mes de marzo.

Los equipos técnicos ya están elaborando la iniciativa para que pueda debatirse en la Cámara de Diputados, contemplando no sólo la metodología, sino también cómo será su aplicación y fundamentalmente el impacto que puede llegar a tener sobre las pymes si no se discuten algunos reajustes del sistema.

Desde la Comisión Directiva de la FECh lamentaron la promulgación de la Ley de Juicio por Jurados que salió publicada días atrás en Boletín Oficial, donde no se ven reflejados algunos de los cambios a la norma que se habían debatido y consensuado tanto con los legisladores, como así también con los mismos miembros del Superior Tribunal de Justicia.

Las cámaras manifestaron que “existe un amplio acuerdo en la sociedad acerca de implementar nuevas formas de hacer Justicia para que el ciudadano se pueda expresar y tenga canales de representación”.

Sin embargo, consideraron que “sigue sin corregirse un acto total de inequidad contra el comerciante y las pymes en la aplicación tal como está del Artículo 30 de la Ley, donde se fijan los derechos que tendrá el jurado participante y habilita a que la persona designada por sorteo siga cobrando su sueldo durante su ausencia al lugar de trabajo para cumplir con la manda judicial”.

Ello implicaría una doble imposición para los comerciantes y empresarios, ya que no sólo habrá que pagarle al empleado que no estará ejerciendo funciones en su actividad, sino que también se deberá hacer frente al pago de quien lo reemplace temporalmente en el cargo.

“Una vez más quienes están ejerciendo las funciones públicas reniegan de lo que pasa al costado de la sociedad y le ponen la mano en el bolsillo a quienes hace años vienen aportando para el desarrollo y con puestos de empleo genuinos”.

La propuesta que surgió de la FECh en su momento fue que el empleado tenga su fuente laboral bajo resguardo mientras dure la manda judicial, pero que en ese período se establezca una licencia sin goce de haberes, teniendo en cuenta que la ley ya habilita a que desde el Estado se le pague una remuneración acorde para ejercer como juez lego.

“Nada de esto fue escuchado ni tenido en cuenta, incluso cuando se dejó en claro que la aplicación podría tener serios perjuicios para muchos comercios o más aún para aquellos que se desempeñan como autónomos”, expresaron las entidades nucleadas en la Federación Empresaria.