El presidente Javier Milei firmó este martes por la tarde un decreto para designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el Senado no tratara sus pliegos durante casi un año.

Según el comunicado oficial de la Presidencia, la decisión se tomó debido a la falta de acción por parte del Congreso, que no dio tratamiento a las nominaciones enviadas por el Ejecutivo en mayo de 2024.

Un proceso sin avances en el Senado

El proceso de designación comenzó el 20 de marzo de 2024, cuando el Gobierno anunció a los candidatos. Un mes después, el Ejecutivo publicó sus antecedentes en el Boletín Oficial y habilitó instancias de participación ciudadana.

El 27 de mayo del año pasado, los pliegos fueron remitidos al Senado para su tratamiento, pero a pesar de que en agosto se realizaron las audiencias correspondientes, no hubo avances en la Cámara Alta.

Ante la falta de definición en el período ordinario, el Presidente incluyó el tema en las sesiones extraordinarias, pero nuevamente no se obtuvo respuesta. Finalmente, tras casi un año de espera, Milei resolvió la cuestión por decreto.

X de Oficina del Presidente

Normalización de la Corte y el rol del Senado

Desde Casa Rosada remarcaron que se cumplieron todos los requisitos formales y normativos, y acusaron al Senado de “guardar silencio” sin justificación.

Además, recordaron que la Constitución Nacional establece como atribución exclusiva del Presidente la nominación de jueces de la Corte, mientras que el rol del Senado se limita a prestar acuerdo o rechazar los candidatos, sin poder proponer nombres alternativos.

El Gobierno manifestó que la decisión de designar a García-Mansilla y Lijo tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de la Corte Suprema, que no puede desempeñar sus funciones con solo tres ministros.

Durante el plazo de su designación en comisión, que durará hasta la próxima legislatura, el Ejecutivo continuará con los trámites legislativos para que el Senado se pronuncie sobre los pliegos de los nominados.

En el comunicado, el Gobierno reafirmó su postura en contra de la politización de la Justicia y señaló que no permitirá que los intereses políticos se impongan sobre los derechos del pueblo argentino.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en la conformación de la Corte Suprema, que hasta ahora contaba con solo cuatro integrantes. Ahora, con las designaciones de Lijo y García Mansilla, el máximo tribunal pasará a estar completo.