En una carta abierta al gobierno provincial y a la comunidad elaborada por directivos de Región III y firmada por directivos y supervisores, ponen de manifiesto que su "imagen pública y nuestra dignidad están siendo avasalladas" por las acciones y declaraciones de los ministros Massoni y Cassutti principalmente.

Los directivos exponen la situación que se genera en relación a las sospechas sobre su trabajo e informes de asistencia y aseguran que "en esta ocasión, el derecho a huelga se encuentra plenamente justificado: las medidas de fuerza se producen como una reacción ante los incumplimientos y al avasallamiento de derechos que genera el gobierno".

El documento fue entregado esta mañana en Supervisión.

El texto completo:

"Las/los directivas/os de escuelas abajo firmantes queremos hacer público nuestro posicionamiento ante las amenazas y las declaraciones irrespetuosas que funcionarios del Gobierno Provincial nos han dedicado.

"En primer lugar, repudiamos la Circular N° 13/19 emitida el día 30/10/2019 por el Ministro Coordinador de Gabinete Federico Massoni y su orden para realizar descuentos masivos a los trabajadores, debido a la detección de inconsistencias en relación con la información del ausentismo del personal y la advertencia sobre posibles sanciones a los directores de escuelas que no hubieran informado debidamente.

"Además, el Ministro Massoni ha manifestado, en declaraciones mediáticas referidas a los directores, sospechas sobre el modo de trabajar e informar, y ha invitado a los padres a denunciar a quienes no trabajan o cierran las escuelas. Estas acusaciones generalizadas y sin destinatarios precisos echan un manto de sospecha sobre el conjunto y las consecuencias de las mismas nos afectan directamente.

"Por su parte, el Ministro Paulo Cassutti también realizó declaraciones similares, infundadas e igualmente lamentables en un medio de comunicación local, pero esta vez se refirió al Director de la Escuela Politécnica N° 701.

"Consideramos que tanto la circular, como las declaraciones con acusaciones vagas e infundadas constituyen acciones de hostigamiento que pretenden exponer a los directores a situaciones de desacreditación y confrontación con la comunidad. Este accionar en nada contribuye a la resolución del grave conflicto que sufrimos hace más de tres meses; por el contrario tensiona aún más las relaciones y habilita situaciones de violencia hacia las/los directores.

"Por otra parte, necesitamos explicarles a los funcionarios ministeriales algunas cuestiones importantes que evidentemente no están teniendo en cuenta:

"En primer lugar, el sistema de novedades de personal, el sistema informático que se ha comenzado a utilizar este año (Res. M.E. 358/19), presenta graves dificultades e "inconsistencias". Un grupo de directivos ya lo habíamos advertido a nuestros superiores mediante una nota en el mes de Mayo. Este nuevo sistema fue implementado de un modo apresurado y desprolijo, sin contemplar las posibilidades de conectividad de las escuelas (en la ruralidad y en muchas zonas no se cuenta con servicio de internet y hay casos de directores que pagan de su bolsillo el servicio para poder cumplir con la carga). Específicamente, en relación con la carga de información vinculada con paros y retenciones de servicio no existe ninguna reglamentación avalada por el Ministerio de Educación y los sindicatos docentes. Incluso, la plataforma es modificada sin que nadie explique quién la modifica, por qué, para qué y cómo debemos conducirnos al respecto. Este nivel de "inconsistencias" y desprolijidades compete a los responsables de los procedimientos administrativos y los dispositivos informáticos del Ministerio de Educación, NO a los directivos.

"Y si nos enfocamos en el punto fundamental de la crisis que nos atraviesa, debemos reiterar que el conflicto que afecta al sistema educativo desde hace meses se inició y se sostiene debido a los graves incumplimientos legales del gobierno: las condiciones salariales comprometidas en las paritarias homologadas en Febrero de 2019, los problemas de infraestructura irresueltos que ya habían sido incluidos en la paritaria del 2018, el corte en el T.E.G. y el transporte para escuelas rurales y especiales, el vaciamiento de la caja y la obra social, todos derechos adquiridos y estipulados en las Leyes de educación provincial y nacional. Por eso, en esta ocasión, el derecho a huelga se encuentra plenamente justificado: las medidas de fuerza se producen como una reacción ante los incumplimientos y al avasallamiento de derechos que genera el gobierno.

"Aunque resulte obvio, parece necesario aclarar que las/los directores de escuela somos trabajadores de la educación en relación de dependencia y, dado que también nos vemos afectados por los incumplimientos gubernamentales, podemos ejercer nuestro derecho constitucional a huelga como el resto del colectivo docente.

"Resulta importante aclarar que, pese a que muchos de nosotros/as hemos elegido ejercer este derecho, no hemos dejado de cumplir con nuestras responsabilidades como directores y estamos a diario al frente de las instituciones atravesadas por la conflictividad, lidiando con innumerables dificultades para garantizar el funcionamiento de los establecimientos en esta coyuntura. Si en algún momento de este largo y arduo conflicto se ha cerrado alguna escuela se debe a razones que cada director/a ha considerado y de las que puede dar cuenta, y los funcionarios tienen a su disposición todos los mecanismos para requerir la información y tomar las decisiones que correspondan si hubiera alguna falta. Sin embargo, los funcionarios gubernamentales recurren a los medios de comunicación para propagar sus mensajes acusatorios y agresivos. Prefieren culpabilizarnos, difamarnos y presionarnos, en vez de buscar verdaderas soluciones para las problemáticas graves y profundas que dan origen al conflicto y que, si no son debidamente abordadas y resueltas, prolongarán las dificultades y seguirán afectando el derecho a la educación pública de calidad.

"Consideramos que nuestra imagen pública y nuestra dignidad están siendo avasalladas. La subordinación jerárquica que nos ordena el sistema educativo no constituye suficiente razón para permitir que los funcionarios de primera línea se arroguen la facultad de faltarnos el respeto públicamente, fogoneando la confrontación con las familias y con el resto de la comunidad. Para mejorar la situación de la educación hay que cumplir con las leyes y los compromisos adquiridos, garantizando los recursos que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos y también resulta indispensable conducirse correctamente, cuidando la imagen y la dignidad de quienes debemos llevar adelante la tarea de sostener las escuelas y trabajar para la educación de la comunidad.

"Por todo lo expuesto, solicitamos a los Ministros Federico Massoni y Paulo Cassutti que se conduzcan con el respeto que cabe esperar de sus roles y envestiduras. Nos ponemos a disposición tanto para darles las explicaciones que consideren, como para recibir las disculpas que merecemos".